Chile es un caso excepcional para el estudio de la privatización educacional, definida por algunos autores como un proceso de retraimiento del Estado en la provisión, financiamiento y regulación de las escuelas (Brighouse, 2004; Lubienski, 2006). La particularidad del caso chileno, a la luz de la experiencia comparada, remite a la considerable desregulación con que el Estado ha promovido la la operación de los proveedores educacionales privados, asi como la marcada confianza en el funcionamiento de instrumentos de mercado para satifascer fines de calidad y equidad en la oferta educativa de un país. Un conjunto de mecanismos, implementados gradualmente desde inicios de los 80’s, ilustran en conjunto este esquema regulativo de provisión, bajo el que han actuado hasta la promulgación de la Ley de Inclusión en 2015, los cerca de seis mil proveedores privados: bajas barreras de entrada a nuevos proveedores educacionales, baja rendición de cuentas de sus resultados, financiamiento vía voucher en base a un esquema competitivo, facultades para establecer cobros a los padres y seleccionar estudiantes, prerrogativas para poner unilateralmetne fin al servicio educativo ofrecido (Bellei, 2015; Seppanen, Carrasco, Risto & Falabella, 2015).

El presente trabajo se pregunta sobre la operatoria a nivel local del conjunto de instrumentos de mercado recien mencionados una vez examinados en su capacidad práctica para proveer oportunidades educacionales con independencia de la localización territorial de los estudiantes y sus familias. En específico el estudio analiza cómo se configuran las oportunidades educativas para las familias en sectores alejados del centro urbano, con características diversas en términos socioeconómicos y culturales. Especialmente tomando en consideración las dinámicas territoriales y urbanas con las cuales se articula e interactúa la formación de mercados educacionales.

Para esto, se presentan los resultados preliminares de una investigación cualitativa, que profundizó en la naturaleza de la competencia entre establecimientos educacionales, a través de entrevistas con sostenedores, equipos directivos y profesionales de apoyo de la educación, en distintos tipos de mercados locales de educación. Estos mercados locales fueron seleccionados en su calidad de casos típicos, de acuerdo a un análisis espacial de la apertura y cierre de escuelas entre 1993 y 2015, que fue complementado con información socioeconómica y demográfica de las distintas zonas de la ciudad. En este artículo profundizamos en dos casos de estudio: (i) el sector de Bajos de Mena en Puente Alto, correspondiente a un sector segregado en términos de homogeneidad de pobreza, que se formó producto de las políticas de vivienda social de los años noventa, y (ii) Rinconada en Maipú, un sector compuesto por vivienda social de la misma época, y condominios cerrados de estratos medios, que han llegado al sector en los últimos 10 años, generando una mixtura social en el área.

Los resultados muestran que, por un lado, la segregación y estigmatización del sector de Bajos de Mena atrajo en los últimos años la atención del Estado y la sociedad civil. Esta última reaccionó a través de empresas y fundaciones religiosas que abrieron colegios PS con mayores estándares de calidad, con una motivación filantrópica y/o de asistencia social. Estos sostenedores se caracterizan por tener redes institucionales consolidadas, que apoyan el financiamiento y la gestión. En cambio, en el sector Rinconada de Maipú, donde conviven familias de clases bajas y medias, el tipo de oferta educacional presenta un patrón de segregación de la oferta por capacidad de pago. Por un lado, hay escuelas de copago alto, que abrieron por la oportunidad de negocios de la expansión urbana y la demanda de diferenciación de las familias de clase media a través de la elección escolar. Por otra parte, también hay colegios altamente precarizados, muchos de ellos negocios familiares, donde la profesionalización es baja y la situación financiera, inestable.

Un análisis en profundidad de la calidad de los establecimientos en términos de su capital profesional y de gestión sugiere que, contrario a los supuestos de la privatización, 1) el tipo de sostenedores educacionales que llegan a los barrios es sumamente contingente, dependiente de factores externos como el mercado inmobiliario o el nivel socioeconómico de las familias, generando mercados locales de educación muy desiguales, y 2) la posibilidad de elección de escuela por sí sola no es capaz de elevar los estándares de calidad de los colegios, ni siquiera en sectores con familias de mayor capital socioeconómico y cultural. Estos resultados ponen de relieve la importancia de una mayor presencia del Estado en términos de regulación, y abren la pregunta acerca de los factores determinantes en el acceso a oportunidades educativas, lo que pareciera estar influido no solo por la capacidad de pago, sino también por factores territoriales e institucionales.